Honduras: “Guerra” contra la delincuencia

La nota es de www.hondudiario.com

Gobierno inició “guerra” contra la delincuencia
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*** Se prohíbe la venta de celulares y chips sin registro e identificación completa de las personas que los adquieren y se cancela el uso de números privados, debiendo procederse de manera inmediata a la identificación de todas las personas que ya tienen números en la actualidad.

*** Se ordena a CONATEL implementar medidas legales, para que las compañías operadoras de telefonía celular en el país graven de manera permanente todas las comunicaciones telefónicas y mensajes

Tegucigalpa, Honduras. (31 marzo 2009)

El gobierno de la República determinó aplicar de inmediato medidas coercitivas y controles de orden policial y estratégico a nivel nacional para frenar el alto índice de delincuencia, que agobia a diferentes sectores del país.

La determinación fue dada a conocer en cadena de radio y televisión por el presidente Manuel Zelaya, junto a varios ministros y la cúpula de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, en donde se detalló las medidas por adoptar a partir de la fecha como medida inicial para contrarrestar la delincuencia generalizada.

Fundamentado en los principios constitucionales y en respuesta al clamor de los hondureños, el presidente Zelaya a través del ministro Enrique Flores Lanza, dio a conocer las disposiciones policiales y administrativas de varias instituciones del Estado, donde se incluye la regulación expresa del uso de los teléfonos celulares y la venta de los chips de los mismos.

Se cancela el uso de números privados

Las medidas directamente están encaminadas a contrarrestar los secuestros y el crimen organizado, tras los resultados de una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el Fiscal General del Estado, donde se adoptaron las disposiciones regulatorias en materia de comunicación, en medios de transporte, vigilancia y control de centros de detención.

“En materia de comunicaciones la primera medida es intervenir con orden judicial la garantía constitucional de la habilidad de las comunicaciones, para permitir que la Policía Nacional pueda intervenir para la persecución del delito de secuestro y crimen organizado las comunicaciones del país”.

Se prohíbe la venta de celulares y chips sin registro e identificación completa de las personas que los adquieren y se cancela el uso de números privados, debiendo procederse de manera inmediata a la identificación de todas las personas que ya tienen números en la actualidad.

Se ordena a CONATEL implementar medidas legales, para que las compañías operadoras de telefonía celular en el país graven de manera permanente todas las comunicaciones telefónicas y mensajes para que esta información pueda ser proporcionada a requerimiento de la autoridad competente con la finalidad de perseguir el delito de secuestro y crimen organizado.

Se ordena el control de uso de computadoras e internet en lugares públicos como café net, hoteles y otros, debiendo identificarse y registrar por parte de los propietarios de estos negocios a todas las personas que usen estos servicios de manera permanente.

Se ordenó a las compañías de telefonía celular graben todas las comunicaciones

Medios de transporte

Todos los vehículos deberán de portar placas, se otorga un plazo de 30 días para ello, después del cual las autoridades están facultades para decomisar los vehículos sin placas y detener a las personas que transiten en los mismos sin autorización legal.

Prohibir a todos los vehículos de transporte público el uso de vidrios polarizados.

Se ordena el decomiso de todo tipo de armas, que se porte sin el permiso respectivo, debiendo procederse al decomiso de las mismas y se penará con presión a los portadores de conformidad con la ley.

De conformidad con la ley se considerará como indicio racional de ser cómplice en la comisión del delito de secuestro y crimen organizado a los propietarios de viviendas y vehículos que los alquilen, presten o faciliten y que sean utilizados por otra persona para la comisión de estos delitos salvo que hubiesen informado tener sospecha de la utilización de estos bienes con fines delictivos a la Policía.

En materia de vigilancia y control, el Gobierno ordenó a la Secretaría de Finanzas transferir la cantidad de 10 millones de lempiras a la Secretaría de Seguridad para establecer un sistema de pago de recompensas a los informantes, cuyo apoyo o información conduzca al rescate de las víctimas de los secuestros y/o a la captura de los delincuentes.

Se ordena el bloqueo y control permanente de todas las salidas y entradas a la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula, con la práctica de registros y control vehicular.

Se prohíbe la venta de celulares y chips sin registro

Se procederá a establecer una vigilancia especial y permanente de los centros educativos, públicos y privados, rutas de autobuses escolares, estaciones de autobuses urbanos, todo con la finalidad de proteger a los niños y jóvenes que asisten a los centros educativos.

En materia de centros de detención de cárcel, se ordena a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de Honduras tomar el control inmediato de los dos principales prisiones del país, la de Tegucigalpa y la de San Pedro Sula, bloqueando totalmente las comunicaciones telefónicas en las mismas, para impedir que se dirijan y consumen en crímenes de delitos desde estos centros de detención.

De común acuerdo con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, se acordó con la Corte Suprema de Justicia como con el Ministerio Público endurecer la posición de los jueces y fiscales en el otorgamiento de medidas sustitutivas en el caso de personas involucradas o relacionadas con el delito de secuestro y crimen organizado.

Estás son las medidas que se han adoptado y que están en marcha para combatir el delito de secuestro y crimen organizado, detalló el Gobierno en el la cadena de radio y televisión.