Chile y su delincuencia

A continuación, informe de www.theclinic.cl

2008-dic-3

El costo de la guerra contra la delincuencia
http://www.theclinic.cl/2008/12/03/el-costo-de-la-guerra-contra-la-delincuencia/

Cuatro jóvenes acaban de ser liberados tras 27 días de detención: fueron acusados por error de asaltar una pizzería. Lo peor es que no es el único caso. Acá, la defensora nacional analiza las equivocaciones del sistema.

Por Paula Vial Reynal

Hace unos días fueron liberados, con certificado de inocencia incluido, cuatro jóvenes acusados injustamente de un delito que no cometieron. Habían sido formalizados y puestos en prisión preventiva por haber sido reconocidos por las víctimas de un asalto a una pizzería como los autores del mismo. Sin embargo, largos 27 días más tarde, se constató que se trataba de un recocimiento erróneo o falso y los testigos fueron enfrentados a su error.

Pero no es ni el único ni el último caso de este tipo. Sólo en las últimas semanas han aparecido a lo menos tres historias semejantes en la prensa. La reacción no es de indignación o frustración por nuestros errores. Es el costo de tratar de hacer justicia y de asegurar la paz y la convivencia social. Ellos son las víctimas inocentes de nuestra declarada guerra contra la delincuencia, porque son el precio a pagar por la ilusión de la seguridad. No importa, esta vez no somos nosotros. ¿Es justo que ellos paguen por esa inevitable cuota de imperfección?

Resulta tal vez majadero y cansador insistir con la discriminación implícita en el sistema, pero ¿habría sido la reacción igual si el acusado injustamente hubiera sido del barrio oriente de Santiago o el detentador de un vinoso apellido? ¿Cuánto espacio y tinta habría supuesto una injusticia como aquella? ¿Cuánto tiempo se habría mantenido en pauta?

Ahora bien, el error es consustancial al sistema. Es imposible pretender que no haya equivocaciones en las investigaciones de tantos delitos que se investigan y por lo tanto debemos preguntarnos qué hacemos con quienes han sido sujetos de las mismas. ¿No son ellas víctimas también? ¿Y no lo son, además, de todo el sistema? El error es aún más desproporcionado, evitable y arbitrario.

¿Cómo minimizamos ese margen de error? El desafío consiste en perfeccionar permanentemente nuestros procedimientos y diligencias investigativas, con exigencias de pautas de calidad probadas a las policías y adopción de procedimientos estandarizados y conocidos para todos.

Aún cuando Estados Unidos nos lleva una enorme delantera en estas materias, en octubre de 1999, Janet Reno, Secretaria de Justicia del Gobierno de Clinton, dio instrucciones al FBI para que mejorara sus actuaciones específicamente en estas diligencias de investigación para hacerlas más confiables. ¿Habremos alcanzado el óptimo nosotros?

Hay algunas reglas básicas y obvias y en Chile, incluso en el antiguo Código de Procedimiento Penal, había mejores regulaciones en esta materia. Hoy, no hay reglas y cada cual establece el procedimiento que más le acomoda, sumado a que los tribunales no han establecido un estándar jurisprudencial mínimo aceptable.

Es lógico, por ejemplo, pretender que haya una descripción previa del testigo, que luego sea contrastada con lo que realmente sucede en la diligencia. Que quienes se paran en la fila de sospechosos tengan similares características entre sí y en relación a la descripción anterior. Que cada testigo participe en la diligencia por separado, sin posibilidades de sugestión o influencia de otros testigos. Si se trata de reconocimientos fotográficos, que se repitan estos pasos y se tomen precauciones para evitar la inducción, sin permitir comentarios de los policías o fiscales que asistan.

En otros países la presencia del defensor al realizar la rueda es obligatoria, lo que lejos de dificultar la diligencia entrega garantías de un reconocimiento más sólido. Aclarar que 'no necesariamente estará el detenido' también es pertinente y no está de más dejar sentado que el testigo no falla si no hay reconocimiento positivo. Finalmente, debe tratarse de uno más de los elementos de convicción, tanto en la investigación como en el posterior juicio y sentencia.

¿Qué hubiera sido de Mauricio Pardo, Yerko General, Julio Barraza y el menor de 15 años R.A.P. si no hubieran detenido a otras personas como responsables del robo a la pizzería que se les atribuía en primer lugar? Sin mucho margen a la especulación, con elevada probabilidad, habrían sido condenados.

¿Y si una vez condenados se hubiera producido la detención de estos segundos acusados? ¿Qué hubiera pasado si el reconocimiento “correcto” se hubiera producido con posterioridad a la sentencia condenatoria? Pues habría sido necesario recurrir al recurso de revisión que, entre otras limitaciones, no admite la prueba de testigos. La misma prueba que nos satisface para condenar a un inocente, es insuficiente para redimirlo. Paradojas que nos representan de cuerpo entero. Al revés del espíritu cristiano, somos rápidos para la ira y lentos para la misericordia, aunque en este caso se trate de devolver justicia a quien se le había quitado.

¿Y si finalmente es reconocido el error y la injusticia? ¿Quién responde a esas víctimas del sistema? ¿Tienen menos derechos que el resto por haber sido confundidos con “delincuentes”? Los que claman por justicia para las víctimas no los creen merecedores de reparación. Establecer indemnizaciones a todo evento para solucionar estas injusticias es un pendiente también.

Conocer estas historias, excepcionales o no, es relevante para nuestra democracia pues explican en base a lamentables ejemplos, las razones por las que existe un procedimiento penal, una presunción de inocencia y el derecho a recibir defensa jurídica. Un sistema procesal moderno se caracteriza fundamentalmente por ser eficaz en detectar culpables sin generar sus propias víctimas. Qué sabias las palabras de John Stuart Mill, “una sociedad que cambia un poco de libertad por un poco de orden los perderá ambos y no merecerá ninguno”. Ese es el país en que vivimos. No el que queremos. Al menos algunos.