Por 30 mil soles puedes manejar borracho, matar y no pasa nada

Caso Freddy Bautista Bautista, atropellado y muerto por el Comandante de la policía John Richard Caso Ordóñez (41), quien manejaba borracho.

Viuda, Carol Poma, transa por 30,000 soles. Fiscal, Rossana Torres Vega, acepta legalismo. Abogado Julio Rodríguez explica -eruditamente- qué son los delitos de escasa reprochabilidad. Mientras, familiares lloran en entierro.

Informe de Vanessa López, 90 Segundos, Frecuencia Latina

Más sobre la fiscal

Mientras usurpadores siguen vendiendo lotes
http://www.elcomercio.com.pe/EdicionImpresa/Html/2007-06-05/ImEcLima0734178.html

Acusación a invasores de terreno del Ejército espera hace 4 meses.
La denuncia se presentó el 25 de enero pasado ante la Fiscalía Mixta de Lurín.

El 25 de enero, la Dirección General de Doctrina del Ejército Peruano ya había denunciado ante la Fiscalía Provincial Mixta de Lurín a Pedro Pablo Chapa, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios "Satomi Kataoka", nombre de la actual esposa del prófugo Alberto Fujimori, por la invasión de 65 hectáreas de terrenos pertenecientes a esa institución castrense. Sin embargo, hasta la fecha no concluye la etapa de investigación fiscal a cargo de la doctora Rosana Torres Vega.

Mientras pasa el tiempo, la autoproclamada asociación continúa comercializando lotes de vivienda y además garantiza en varios anuncios que dentro de poco los terrenos, situados a la altura del km 55 de la Panamericana Sur, contarán pronto con servicios de agua potable y electricidad.

Ayer el coronel EP Óscar Sulcahuamán Carrión, procurador público del Ejército, señaló que la investigación se había entrampado, porque ya van más de cuatro meses y la fiscal no ha formulado la acusación por el delito usurpación agravada aun cuando existen varios elementos probatorios que permiten establecer que los terrenos pertenecen al Ejército.

Tal como se demostró ayer en un reportaje publicado por este Diario, la partida registral N° 42412341 de los terrenos está inscrita a nombre del Ministerio de Defensa. Según la Resolución Suprema 069, desde marzo de 1975 este sector es dueño de las 389 hectáreas ubicadas entre las playas La Tiza y la Panamericana Sur, zona dentro de la cual ha ocurrido la ocupación. Además, la Resolución 008-2007 de la Sociedad de Bienes Nacionales, publicada en enero de este año, precisa que el área está destinada al Centro de Instrucción de las Fuerzas Anfibias del Ejército.

Los representantes de la Asociación "Satomi Kataoka" muestran una inscripción en los Registros Públicos con la partida N° 90264516. Sin embargo, dicho registro pertenece a un terreno ubicado en Pampa de la Patita, en Chilca, en el km 62 de la Panamericana Sur. Este Diario logró ubicar ayer a la fiscal Rosana Torres Vega, pero ella decidió no declarar sobre el Caso "Satomi Kataoka".

NO TIENEN SERVICIOS

La Asociación "Satomi Kataoka" tiene una revista denominada "Progresando" y en ella anuncia que ya cuenta con un proyecto de agua potable y con la aprobación de Luz del Sur para un punto de distribución de energía en los terrenos. La empresa de electricidad negó esa posibilidad y aclaró que la asociación "Satomi Kataoka" presentó una solicitud para la habilitación del servicio, pero fue rechazada porque no había cumplido todos los requisitos, como la acreditación de la posesión legal de la propiedad. Por su parte, Sedapal negó que hubiese recibido una solicitud de esa asociación para habilitar el servicio de agua.

Para Hildebrando Castro Pozo, abogado especialista en derecho urbanístico, una grave debilidad de las normas en el país es la desconexión que existe entre los reglamentos aplicables a los bienes del Estado y los planes de ordenamiento territorial a cargo de las municipalidades y gobiernos regionales.

Del consultor: Hay que evitar un doble perjuicio
Por Luis Vargas Valdivia, Abogado penalista

La invasión de terrenos y su comercialización ilícita generan un perjuicio múltiple, pues nos dejan un problema social. Cuando el Ejército recupere la posesión de los terrenos, veremos que saldrán personas que, si actuaron de buena fe, deberán enfrentar que fueron estafadas en su necesidad de adquirir un terreno para construir sus viviendas.

Podríamos atacar el tema desde dos ángulos: agravar las penas para las personas que se dedican al tráfico de tierras. Actualmente, la legislación contempla penas entre los dos y seis años.

También podrían desarrollarse mecanismos para que los operadores judiciales tomen decisiones en plazos perentorios en estos casos. De esta manera, quienes se han visto despojados de sus propiedades por los traficantes podrían recuperar en el breve plazo los terrenos y evitar que el tiempo incremente los perjuicios.

En el Caso "Satomi Kataoka", en la medida en que demore la entrega de los terrenos, estos seguirán siendo distribuidos, vendidos o comercializados ilícitamente a terceros y se generará un mayor problema social.

EL DATO
¿Parque industrial?

La Asociación Satomi Kataoka pretende construir en los terrenos del Ejército no solo viviendas, sino un parque industrial. Según su revista "Progresando", ya se ha levantado una granja de pollos.