Limpieza en el INPE

Del archivo. Mié. 19 mar '08

Destapan nuevo caso de corrupción en el INPE
Peru21

Para nadie es un secreto la corrupción que existe en el sistema penitenciario. Prueba de ello ha sido el encarcelamiento de más de un trabajador del INPE por haber cobrado coimas a reclusos a cambio de beneficios y gollerías.

Precisamente, el INPE destapó ayer un nuevo caso y separó a cuatro funcionarios que habrían favorecido el traslado irregular de tres delincuentes de alta peligrosidad al penal de Lurigancho.

El presidente de la institución, Leonardo Caparrós, reveló que se trata de:

-Henry Cotos Ochoa, director de la Oficina Regional de Lima;
-Oscar Castillo Calderón, director de la Subdirección de Seguridad de Lima;
-Luis Mejía Medina, encargado de Diligencias y Traslados de la Región Lima
-Manuel Silva Palacios, director del penal de Huaral.

PELIGRO.

Caparrós explicó que, en noviembre pasado (2007), los malos funcionarios permitieron que -con resoluciones judiciales falsas- los secuestradores:

-Alexander Peralta Otero, Pachuli;
-Luis Lanazca Livia, Repucho, y
-Johnny Ayala Suárez, Gordo Johnny,

presos en Piedras Gordas, fueran trasladados a la prisión de Huaral y, posteriormente, recluidos en Lurigancho.

"Se tenía conocimiento de estos casos desde meses, pero recién hemos podido corroborarlos con pruebas. El objetivo era lograr que, luego de un circuito, los delincuentes fueran finalmente internados en Lurigancho para que tengan ciertas comodidades", manifestó el jefe del INPE.

Versión de Andina

Inpe separa a cuatro altos funcionarios por traslado irregular de internos

Presidente del INPE; Leonardo Caparrós, anuncia separación de cuatro funcionarios.
Foto: ANDINA/ Jorge Paz H.

Lima, mar. 18 2008 (ANDINA).- El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) separó de sus cargos a 4 funcionarios de alto nivel, entre ellos el director del penal de Huaral, por su presunta responsabilidad en el traslado de tres internos del penal de Piedras Gordas en Ancón al de Lurigancho, con resoluciones judiciales falsas.

Leonardo Caparrós, presidente del Inpe, informó que tras una investigación de semanas se pudo determinar que tres peligrosos delincuentes que cumplían sus condenas en el penal de Ancón fueron trasladados en noviembre último (2007) con órdenes judiciales falsas, para supuestas diligencias judiciales al centro penitenciario de Huaral, donde permanecieron durante seis días.

Posteriormente, como las diligencias nunca ocurrieron, se dispuso – también con documentación fraguada - el traslado de los tres internos hasta el penal de Lurigancho, real objetivo de estos delincuentes, que con ello buscaban liberarse del estricto régimen carcelario de Piedras Gordas y gozar de mayor libertad de movimiento en Lurigancho, donde el hacinamiento existente hace que el control policial sea mucho más difícil.

El titular del Inpe calificó estos hechos como “muy graves” y comentó que hubiera sido muy fácil verificar la autenticidad de esas órdenes judiciales, porque, por lo menos, en uno de los casos, la dependencia judicial que supuestamente emitió una de esas resoluciones está ubicada en el mismo edificio de la Oficina Regional de Lima.

Los internos involucrados en estos hechos son
-Alexander Peralta Otero (37) “Pachuli”,
-Luis Lanazca Livia (42) “Repucho” y
-Johnny Ayala Suárez (42) “Gordo Johnny”.

Estos tres sujetos están sentenciados por los delitos de robo agravado, secuestro, tenencia ilegal de armas y terrorismo agravado.

En tanto, los funcionarios separados son
-Henry Cotos Ochoa, director general de la Oficina Regional del Inpe en Lima;
-Oscar Castillo Calderón, subdirector de seguridad de la región Lima;
-Luis Mejía Medina, jefe de Diligencias Judiciales de la misma dependencia y
-Manuel Silva Palacios, director del penal de Huaral.

Caparrós indicó que una vez confirmados estos hechos de corrupción, los tres internos mencionados fueron devueltos a Piedras Gordas hace una semana y agregó que en dos semanas más se conocerá el nivel de responsabilidad de los funcionarios separados y las sanciones que recibirían.

También se ha notificado a la Oficina de Control de la Magistratura y al Ministerio Público para que tomen las acciones legales correspondientes, al margen de los procedimientos administrativos disciplinarios abiertos contra los funcionarios mencionados.

(FIN) ART/RES

Así lo informó El Comercio

DETECTAN CORRUPCIÓN EN EL INPE

Separan a cuatro funcionarios por traslado irregular de reos

Titular del INPE informó que se llegó a falsificar órdenes judiciales diversas. Tres peligrosos delincuentes fueron llevados de Piedras Gordas a Lurigancho

Por Mario Mejía Huaraca

Con la falsificación de resoluciones del Poder Judicial y con el pretexto de tener que asistir a supuestas diligencias judiciales, malos funcionarios del INPE conseguían trasladar de manera irregular a peligrosos internos de un penal de máxima seguridad a otro de régimen menos estricto. Así lo confirmó ayer el presidente de esa institución, Leonardo Caparrós, quien dio a conocer que por ese caso habían sido separados cuatro altos funcionarios de su entidad.

Caparrós aseguró, además, que tras varios meses de paciente trabajo, la Oficina de Asuntos Internos del INPE detectó el traslado ilegal de tres feroces secuestradores y asaltantes.
-Alexander Peralta Otero 'Pachuli',
-Luis Lanazca Livia 'Repucho' y
-Johnny Ayala Suárez 'Gordo Johnny'

fueron llevados del penal de Piedras Gordas al de Lurigancho, donde estuvieron poco más de tres meses. El objetivo del cambio a una cárcel hacinada y con un régimen cerrado ordinario era, según el presidente del INPE, tener más libertad de movimiento, un régimen de visitas más amplio y menos control para poder dirigir actos delictivos desde la prisión.

Los tres peligrosos hampones fueron devueltos hace una semana al centro penitenciario ubicado en el distrito de Ancón.

FALSAS DILIGENCIAS

Caparrós explicó que el procedimiento que empleaban los malos funcionarios para ejecutar el cambio irregular era el siguiente:

Primero fraguaban una orden judicial en la que se decía que el interno tenía una diligencia en el penal de Huaral. Con esa orden era conducido a ese establecimiento, pero como no estaba programada ninguna audiencia el reo se quedaba una semana. Después, con otra falsa orden, el recluso era trasladado al penal de Lurigancho, que era su destino.

Tras descubrirse estos irregulares trámites, la alta dirección del INPE decidió iniciar proceso administrativo disciplinario contra los presuntos implicados para determinar su grado de responsabilidad.

Por ese motivo fueron separados de sus cargos el director de la Oficina Regional Lima, Henry Cotos Ochoa; el titular de la Subdirección de Seguridad de la Región Lima, Óscar Castillo Calderón; el encargado de las diligencias judiciales y traslados de Lima, Luis Mejía Medina, y el director del penal de Huaral, Manuel Silva Palacios.

Estos hechos han sido comunicados a la OCMA, a la Procuraduría del Ministerio de Justicia, para que haga la denuncia respectiva ante la fiscalía, al Ministerio del Interior y a los juzgados y salas cuyos nombres fueron empleados para fraguar las órdenes de traslado.

Según las investigaciones realizadas por la Oficina de Control Interno del INPE, algunos funcionarios y servidores de la Oficina Regional de Lima utilizaron otros documentos fraguados, como resoluciones directorales.

Como parte de las investigaciones, el INPE solicitó la verificación de las resoluciones a los juzgados y salas de donde supuestamente provenían. Entre esos órganos figuran el Primer Juzgado Penal Transitorio de Huaura. No solo confirmaron la falsificación del documento, sino que aseguraron no tener ninguna causa abierta contra esas personas.

Caparrós también informó que a los presuntos implicados se les ha tomado su manifestación y han negado cualquier responsabilidad. "Cotos Ochoa, por ejemplo, reconoce que hubo irregularidades en el traslado, pero dice que no participó y que no conocía esos hechos", explicó.

Los reclusos implicados tampoco han querido señalar a los responsables, solo se limitaron a decir que no sabían nada.

Peralta Otero está sentenciado por secuestro y robo agravado y tiene condena hasta mayo de 2018.

Lanazca Livia, sentenciado por secuestro y terrorismo agravado, deberá cumplir condena hasta febrero de 2029

Ayala Suárez deberá purgar cadena perpetua por los delitos de secuestro y terrorismo agravado.

PRECISIONES

-Los documentos en los que se ordena el traslado fueron visados con sellos falsos del INPE y de juzgados y salas.

-En esas resoluciones también se señala que fueron recibidos vía fax, pero no tienen las características de haber llegado por ese medio.