Editorial de "El Comercio": La corrupción y el escándalo campean en los penales

A continuación, Editorial de El Comercio

Lunes 05 de abril de 2010

Editorial: La corrupción y el escándalo campean en los penales

Parece que ya olvidamos el asesinato de Manuel Vásquez Coronado, director del penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, en enero de este año (2010)

http://elcomercio.pe/noticia/456994/editorial-corrupcion-escandalo-campean-penales

No basta con que el INPE haya dispuesto la remoción de cien personas, entre funcionarios y empleados de los penales de Piedras Gordas (Lima) y de El Milagro (Trujillo). Y es que el escándalo provocado por el hallazgo y posterior incautación de 1.100 teléfonos celulares en manos de los reos exige un cambio radical en la política carcelaria que este gobierno se ha negado insistentemente a abordar.

En la práctica, la denuncia constituye un acto más de complicidad que existe entre ciertas autoridades del INPE y del sector Justicia con las bandas de criminales que desde la cárcel siguen planeando y ejecutando secuestros, extorsiones, robos, asesinatos por encargo y toda clase de delitos con total impunidad. Una desvergüenza, sin duda, que convierte al Estado Peruano en un ente débil e incapaz no solo de enfrentar al crimen organizado y garantizar la seguridad de los peruanos, sino de devolver credibilidad a la administración de justicia en el país.

Nada justifica que todo siga igual después de que “manos extrañas” siniestraran los equipos bloqueadores de celulares en Piedras Gordas para facilitar el accionar delictivo de los presos. Es un acto de corrupción que tiene que sancionarse con todo el peso de la ley. Se trata de equipos costosos, valorizados en medio millón de dólares cada uno, adquiridos con fondos que pertenecen al Estado, es decir a todos los contribuyentes.

Así, resulta irónico que mientras el Ministerio de Justicia estaba analizando la posibilidad de utilizar grilletes para descongestionar los penales o de dar en concesión la construcción y administración de las cárceles, el hampa seguía haciendo de las suyas, comprando conciencias con total desparpajo, convirtiendo las prisiones en coladeras y burlándose del sistema penitenciario.

Las actuales autoridades del INPE tendrían que explicar de inmediato qué está sucediendo con el resto de centros de reclusión, como Lurigancho, por ejemplo, cuyo hacinamiento es inhumano. O de lo contrario, poner a disposición sus cargos. Después de todo, en este gobierno, seis o siete autoridades han pasado ya por la presidencia del instituto penitenciario.

En cuanto al ministro de Justicia, Víctor García Toma, bien podría considerar que aún hay tiempo para iniciar la reingeniería total de las cárceles, pasando por hacer más eficiente la coordinación con el INPE, los estamentos fiscales y judiciales.

La tarea no es sencilla. Parece que ya olvidamos el asesinato de Manuel Vásquez Coronado, director del penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, en enero de este año, que puso en evidencia lo errático de la política penitenciaria. Pero hay que enfrentar a la mafia mediante una estrategia inteligente y eficiente que fije objetivos para el corto, mediano y largo plazo. Lo que no puede permitirse es que los reclusos manejen los penales y se impongan a la autoridad, en lugar de que esta establezca las reglas de juego. El hacinamiento y la agilización de los procesos judiciales no se resolverán en el corto plazo, pero por lo menos podrían intensificarse los controles. ¿Hasta cuándo la corrupción seguirá ganando la partida a la justicia y la seguridad?