Informe de Diario 16: La ‘marca’ de la delincuencia

A continuación, informe de Diario 16

La ‘marca’ de la delincuencia
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El salvajismo de la banda de raqueteros que asaltó a la familia del congresista Renzo Reggiardo, y dejó malherida a su pequeña hija Ariana, no es casual sino producto de una cuestionable “herencia” de inseguridad ciudadana que nos dejó el segundo gobierno de Alan García. Un legado que solo es comparado con el terrorismo vivido en su primer periodo presidencial y que hasta la fecha, sigue cobrando víctimas.

Cifras oficiales de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú, dan cuenta de que durante los primeros cuatro años del gobierno aprista el crecimiento de la criminalidad se incrementó en un 374.62%.

Este escalofriante dato se obtuvo gracias a las denuncias presentadas por la población entre el 2006 y el 2010. Segín fuentes policiales, estos números fueron presentados al presidente Ollanta Humala cuando se hizo la transferencia gubernamental, motivo por el cual, anunció el 28 de julio, la decisión de presidir personalmente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que el próximo 18 de agosto será instalado, tal y como lo informó el ministro del Interior, Oscar Valdés.

LOS NÚMEROS HABLAN

Según las estadísticas de la Dirincri, hasta diciembre del 2010, por ejemplo, esta dependencia policial altamente especializada en resolver complejos casos de secuestros y robos, recibió un total de 111 mil 792 denuncias, sin contar que hasta julio de este año, específicamente al término del periodo presidencial de García, ya había registrado un total de 17 mil 471 casos por investigar.

Pero de este conjunto de números se desprenden cifras verdaderamente aterradoras y cuestionables a todo nivel por el carácter sangriento de cada caso. Aunque más cuestionable fue que los ministros del Interior del gobierno aprista hayan recibido un “legado” criminal de la gestión anterior de Alejandro Toledo a la que siempre cuestionaron, pero que no guarda parecido con la realidad que ahora vivimos.

En el 2006, por ejemplo, la Dirincri recibió un total de 11 mil 710 denuncias, de las cuales la mitad se hicieron durante los últimos siete meses de Toledo y los cinco primeros del nuevo gobierno de García. Pero esta cifra es insignificante para lo que viviríamos en los siguientes años, pues solo al año siguiente (2007), se registraron 203 más, es decir, que la cifra se elevó a 12 mil 203.

En el 2008, esta última cifra se incrementó a 13 mil 078, es decir, 875 casos más. Sin embargo, esta avalancha de denuncias se duplicó al siguiente año, ascendiendo a 30 mil 932 en el 2009. Los secuestradores, marcas y raqueteros estaban desbocados y no tenían control. Los peruanos estábamos prácticamente desprotegidos y al acecho del mundo del hampa porque las erradas medidas tomadas por el Ejecutivo no surtían ningún efecto.

El 2010 fue un ejemplo claro de esa política errada del gobierno de García. La Dirincri registró 43 mil 869 casos de personas que habían sido víctimas de algún desalmado en las calles. ¿El más lamentable o emblemático? El salvaje ataque de una banda de marcas, lideradas por José Luis Astuhuamán, alias “Papita”, contra una familia de cambistas en la Vía Expresa de Paseo de la República, que dejó parapléjica a la pequeña Romina Cornejo, de, entonces, tres años.

Los peruanos se vuelven a conmocionar con el ataque a la pequeña Ariana Reggiardo en San Borja. Uno de los proyectiles de la pistola del desalmado raquetero Juver Vargas Crespo (31), por poco le atraviesa el corazón. La respuesta del valeroso policía, Eduardo Amílcar Meza, hizo posible la captura del delincuente pues recibió un impacto del arma policial.

Lo peor es que este sujeto debió estar preso, pero la llamada “discrecionalidad de los jueces” le devolvió su libertad, y con ella, el arma con la que siguió atacando (y atracando).

CUESTIONABLES DECISIONES

Tras el ataque a la niña Romina, ocurrida en agosto del año pasado en la Vía Expresa, el Ejecutivo tomó otra de sus fallidas medidas: copar de policías esta vía rápida por 15 días. Para ello, el Ministerio del Interior, sacó alrededor de 40 patrulleros para resguardar la zona “creyendo” que los delincuentes iban a acechar la zona nuevamente.

Para el general de la policía en retiro y responsable del portal www. quenoteroben.pe, Alberto Jordán, “ese operativo fue un claro ejemplo del fracaso que tuvieron todos los programas que dictó el gobierno saliente, como el Plan Telaraña, el Plan de Distritalización o el Plan Patrullero de mi barrio, que fue ideado por el ahora congresista Octavio Salazar, y que apenas duró nueve meses”.

Para el humillado oficial, a la par también víctima de Alan García, el último Plan denominado “Protégeme”, duró apenas un mes porque se quería que la policía escoltara a las personas que sacaban fuertes cantidades de dinero. “Solo eran cortinas de humo porque el Ejecutivo jamás tuvo un plan concreto para frenar la delincuencia”, dijo el Jordán. Recordó que el caso de Los Pishtacos fue el más “emblemático” porque dejó a la policía peruana ante el ridículo internacional.

“Para comenzar”, dice Jordán, “en los dos últimos años la Policía no tuvo una especialización ni capacitación en sus diferentes unidades. No hay una Policía de investigación criminal fortalecida y tampoco un patrullaje especializado. A esto se suma que desde hace ocho años la Policía no compra municiones, por lo que tampoco hace prácticas de tiro; no hay pertrechos ni gases lacrimógenos. Menos ubicación satelital (GPS) o radio de comunicación”.

“Eso demuestra la incapacidad de los que dirigieron la seguridad ciudadana en el país y el fortalecimiento de los marcas o raqueteros que ahora ni siquiera usan pasamontañas como en el Caso Reggiardo. Solo se drogan y actúan con la más absoluta impunidad porque la justicia sí es benigna con ellos”, asegura el general Jordán.

Por su parte, Eduardo Toche, especialista en temas de seguridad de DESCO, advirtió que estas cifras demuestran también la incapacidad operativa en la que se encuentra la Policía debido al mal manejo que han tenido sus superiores para dotarlos del aparato logístico que necesitan. “Una cosa es lo que se presupuesta en adquisición y otra es la que se efectúa”, señala.

Denunció que la policía gasta poco en equipamiento por “la incapacidad del sector” y por “la corrupción que genera grandes pérdidas”. Esto trae como consecuencia incapacidad y poca efectividad en sus operativos.
A esto se suma que tampoco conoce los datos reales de la inseguridad, pues en los operativos ordenados por sus superiores se han registrado casos que disponen una cantidad de personal para sectores que no lo necesitan y viceversa. “Además, la noción de seguridad está descansando en la policía cuando también debe movilizar a la sociedad, porque lo que se requiere es prevenir más que reprimir”, dijo Toche.

La policía obstruye la  lucha contra la delincuencia

“La Policía conoce muy bien donde venden drogas, donde se esconde y se venden productos robados, donde se falsifican documentos, pero poco hace por revertir esa situación”, sostuvo el presidente del Instituto Reforma y Democracia (IRD), Javier Espinoza, tras señalar que atentados como el perpetrado contra  la hija del parlamentario Renzo Reggiardo y el de la pequeña Romina, demuestran que es efectiva cuando se lo propone.

Dijo que en estos últimos casos, los principales sospechosos fueron identificados y detenidos en cuestión de horas. “En la ciudad existen, al menos, 39 zonas críticas ya identificadas donde día y noche venden drogas, pero no se hace nada. Muchos de los que compran cocaína o marihuana en La Victoria, por ejemplo, asaltan y hasta descargan sus armas contra indefensas víctimas”, enfatizó.

“Todos saben que gran parte de lo que venden en San Jacinto o La Cachina son objetos robados. Los ciudadanos lo sabemos. La pregunta es: ¿Lo sabe también la Policía? Y si lo sabe, ¿por qué no actúa?”, comentó.

En tal sentido, el presidente del IRD propuso la presentación de una iniciativa legislativa que busque modificar la actual norma sancionadora a fin de endurecer las penas a los policías que cometen faltas graves y muy graves.  “Actualmente la ley es muy permisiva, al punto que permite que los efectivos que delinquen (robo, narcotráfico, etc.) puedan volver a las filas de la institución”, dijo Espinoza.

Entre marcas y raqueteros

Los raqueteros buscan a quien robar o secuestrar al paso. “Patrullan” las zonas más vulnerables y en cuestión de minutos roban una cartera o una bolsa. Si piden las llaves es para robar lo que hay en el interior, desde la máscara del vehículo hasta las compras. También roban vehículos a pedido.

Los ‘marcas’ son delincuentes avezados que se ubican en los lugares donde se mueve dinero, como los centros comerciales, los bancos o las empresas de transporte de caudales. No les roban en la puerta de estos lugares donde sus víctimas retiran el dinero, pero sí a ocho o nueve cuadras, después de ubicarlos y seguirlos.

LINA GODOY: lgodoy@diario16.com.pe